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Palabras en sala sobre proyecto de ley por el que se modifican los artículos sobre actos de discriminación y femicidio
Señor presidente: el Partido Nacional acompaña estos dos artículos que modifican el 311 y el 312 del Código Penal y agregan otras figuras delictivas. A nosotros nos parece que en los más de dos años que ha venido sesionando el Parlamento en esta legislatura muchas veces hemos discutido en esta sala criterios generales sobre el tema y, de alguna manera, se han enfrentado dos visiones, una del oficialismo y otra de la oposición, cuando hemos concurrido para generar mayor seguridad a la población. Lo discutimos en la Torre Ejecutiva con el señor presidente de la república, lo hemos discutido en esta sala y también en la comisión y, como acabo de señalar, se han visto enfrentadas dos tesis: la del oficialismo y la de la oposición. El oficialismo ha sostenido y sostiene que el agravamiento de penas, esto es, castigar con más penas a quien delinque contra la vida y destruye nuestra sociedad, no corrige el sistema, no corrige la situación de inseguridad. Es una tesis que hemos escuchado en esta sala. Por el contrario, señor presidente, nosotros hemos sostenido algo muy distinto, a veces incluso en compañía del propio ministro del Interior, quien en conversaciones mantenidas en la Torre Ejecutiva ha dicho que nuestro sistema penal no castiga y, sobre todo, impone penas mínimas –no me refiero a las máximas– de unos pocos meses, de 20 o 22 meses, de modo que cuando se quita la vida a otra persona el delito puede ser excarcelable. Hay proyectos, señor presidente, que no se han tratado en la Comisión de Constitución y Legislación y que fueron aprobados en la Torre Ejecutiva, entre ellos, por ejemplo, el del homicidio intencional. Es sabido que en el Código Penal vigente en Uruguay, para tal figura se establece una pena de 22 meses; es un delito excarcelable, y obsérvese que estamos hablando de alguien que tiene la intención de matar. A su vez, no hemos visto en la Cámara de Representantes la «celeridad» –dicho entre comillas porque sabemos que el Parlamento no es rápido, sino que demora en sancionar leyes– que el año pasado tuvo el Senado de la república al votar el agravamiento de penas para los narcotraficantes. Todavía no entendemos cómo ese proyecto de ley hasta el día de hoy no ha sido sancionado en la Cámara de Representantes, cuando fue aprobado en la Torre Ejecutiva –en oportunidad de desarrollarse los diálogos por la seguridad–, donde se nos dio el respaldo y se nos dijo que estaban los votos como para poder apoyarlo en ambas cámaras. Lo cierto es que está trancado y, a nuestro juicio, debería formar parte de un paquete de iniciativas en las que debe de castigarse con más penas a quien delinque contra la vida y a quien destruye nuestra sociedad, porque el flagelo del narcotráfico provoca la dependencia y también la destrucción de la unidad familiar. Por último, señor presidente, hemos presentado otros proyectos con los que también se estuvo de acuerdo en la Torre Ejecutiva, entre ellos, por ejemplo, el que propone el agravamiento de penas cuando se mata a un policía, a un juez o a un fiscal. Creemos que esa es la forma de defender a quien nos defiende, a quien tiene que defendernos en la calle y todos los días. Nosotros no tenemos distintos discursos sino que somos coherentes con lo que sostenemos. Hoy estamos ante este proyecto de feminicidio o femicidio, como se le quiera llamar –a esta altura se puede llamar de las dos maneras, pues si bien tuvimos una larga tesis por parte del señor fiscal sosteniendo que la palabra correcta era feminicidio, creemos que no hace a la cuestión la terminología que se establece en el artículo 2.º del texto–, y realmente creemos que deben agravarse las penas cuando se mata a una mujer por el motivo que fuere. Y por eso entendemos que de alguna manera en el resto del código se debe tener la coherencia de agravar las penas también cuando hay un homicidio de carácter intencional, independientemente de si se trata, o no, de una mujer. Si sostenemos que el homicidio con intención debe ser penado más fuertemente de lo previsto en nuestro Código Penal, con vistas a la reeducación y la reinserción en la sociedad; si creemos que la pena máxima de cinco años para los menores que delinquen y que matan a otra persona no es suficiente como para reeducarlo y reinsertarlo en la sociedad –tesis que hemos escuchado del señor ministro del Interior, quien en plena negociación en la Torre Ejecutiva expresó que la pena máxima de cinco años que recibe un menor cuando mata a otra persona no se cumple, ya que muchas veces sale a los dos o a los tres años–, al igual que el señor ministro consideramos que debemos modificar esta situación y lograr que se cumpla la verdadera pena que establece el Código Penal. O sea que debemos buscar la forma de que se cumpla la pena de cinco años cuando el menor mata, cuando es un homicida. Precisamente, durante el período anterior nuestra bancada presentó proyectos al respecto –en señor senador Larrañaga aquí, y nosotros en la Cámara de Representantes–, sabiendo que los cinco años que se establecen como pena máxima para un menor que delinque, al punto de quitar la vida a una o más personas, no se cumplen. El propio ministro, en las reuniones en la Torre Ejecutiva –aclaro que no pidió reserva en sus conversaciones–, sostuvo que dos o tres años de cumplimiento efectivo de pena no alcanzan para lograr la reeducación y la reinserción de estos menores en la sociedad. Señor presidente: frente a esta situación no tenemos un doble discurso. Creemos que lo que se aplica para el resto de la población debe hacerse extensivo para el femicidio. De ahí, pues, nuestro apoyo a este proyecto de ley que, tal como lo establece su artículo 2.º, castiga y busca generar un mayor nivel de pena a quien mata a una mujer por su condición de tal. Nos parece bien. Por supuesto, en la discusión pública se ha sostenido que esta norma generaría una situación de desigualdad. En mi opinión, la desigualdad está en la sociedad y, por eso, el Código Penal debería defender a la mujer que, por distintos motivos y en función de su condición, es objeto de homicidios y femicidios, tal como lo reflejan las alarmantes cifras récord que se han dado en los últimos tiempos. Respecto al articulado, coincido con lo expresado por el señor senador Mieres en cuanto a que es muy importante la modificación que se establece al artículo 312 del Código Penal, al agregar el numeral 7.º que dispone, dentro de las circunstancias agravantes muy especiales, cuando el homicidio fuera cometido: «Como acto de discriminación por la orientación sexual, identidad de género, raza u origen étnico, religión o discapacidad». Vuelvo a decirlo: es muy importante que se consagre y se establezca esta disposición, cuando el motivo obedece a un tema de discriminación religiosa, sexual, de género, de origen étnico o de discapacidad. A mi juicio, este es uno de los puntos que, adecuando la legislación, apunta a las penas y al castigo en una sociedad que quiere defenderse de estos flagelos. El numeral 8.º fue muy discutido en la comisión, ya que ingresa en un detalle que nos genera muchas dudas. Todos conocemos la habilidad de quienes, en el proceso judicial, ejercen la defensa de los homicidas que puedan cometer este tipo de delitos, por eso tememos –o dudamos– que el detalle en exceso pueda generar herramientas o escudos que no logren nuestra intención, que es la de castigar a aquel que mata a una mujer por distintas razones o por el solo hecho de su condición de tal. Concretamente, este literal 8.º, cuando refiere al femicidio establece: «Contra una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal». Pensamos que lo que allí se expresa es lo suficientemente general como para darle al juez las potestades para actuar y agravar las penas a un delincuente y a un asesino que ha generado esta situación. Sin embargo, a continuación, se agrega: «Sin perjuicio de otras manifestaciones, y salvo prueba en contrario, se considera que existieron motivos de odio, desprecio o menosprecio, por su condición de tal, cuando:», y luego viene el detalle. Pues bien, tenemos duda de que este detalle consagrado en el proyecto de ley habilite un vericueto por medio del cual el abogado defensor evite la posibilidad de que se condene con la contundencia que queremos a quien mató a una persona. Luego, el literal a) establece: «A la muerte le hubiera precedido algún incidente de violencia física, psicológica, sexual, económica o de otro tipo, cometido por el autor contra la mujer, independientemente de que el hecho haya sido denunciado o no por la víctima». Pero, el literal b) expresa: «La víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad». Entendemos que esto es difícil definirlo en la vida real, en el juzgado, cuando se quiere penar a alguien que mató a una persona. ¿Cómo se establece si el autor tenía enamoramiento, afectividad o intimidad? Reitero: tenemos dudas. No obstante, a pesar de ellas, preferimos acompañar la iniciativa de modo tal de poder dotar al juez de las herramientas necesarias para que pueda penar a quien mata. Quizá después la realidad nos muestre otras situaciones –¡esperemos que no!–, pero deseamos que con estos literales tan específicos y concretos se pueda establecer lo que consideramos muy importante: la defensa de la vida, nada más ni nada menos. Por último, coincido con lo manifestado por la miembro informante, señora senadora Payssé, en el sentido de que el literal d) del numeral 8.º del artículo 312, establecido en el artículo 2.º del proyecto, se traslade al artículo 311 del Código Penal, por el que se pena cualquier tipo de delito cometido frente a menores, sin entrar a la discusión de si existe o no una relación de parentesco entre ellos. Este sería otro detalle que podría llevar a que mañana no se penalice a quien mata a una persona frente a niños, contrariamente a lo que buscamos. Por eso, digo expresamente, para que conste en la versión taquigráfica, cuál es la intención del legislador: queremos penar a quien mate a una mujer, y agravar las penas, y si esta acción se comete en presencia de niños, con más razón. Nuestro sistema penal no prevé la pena de muerte y me parece bien que así sea. Si no me equivoco, en 1908 tuvo lugar el último proceso con pena de muerte en el Uruguay, en un conocido caso que sucedió en el departamento de Lavalleja; después de ese episodio se cambió la legislación y no se aplicó más la pena de muerte. Ahora bien, creemos que la delincuencia sí la tiene. Insisto: el Estado no la tiene –y está bien que así sea– pero debe defenderse. Si pretendemos defender la vida –tal como queremos– en esta, nuestra sociedad, tenemos que ser muy rigurosos y muy duros cuando alguien le quita la vida a otra persona. De manera coherente, el Estado uruguayo tendría que ser durísimo en este sentido. Pero, justamente, nuestra pena máxima es de treinta y cinco años –treinta más quince, me acota el señor senador Lacalle Pou–, para el caso de agravamiento de penas. Pero esta situación nos hace sentir que el Estado uruguayo no defiende con la misma coherencia, es decir con dureza, cuando se atenta contra la vida. Fíjense, señores senadores: no puede ser que a un menor de dieciocho años que mató a otra persona, sea por el motivo que fuere, se le aplique una pena máxima de cinco años; no puede ser, señor presidente, que sea un elemento de presión el hecho de que la sociedad uruguaya manifieste que quiere más penas cuando se mata a una mujer por su condición, por su género. Este proyecto de ley agrega la discriminación por la identidad de género, la raza u origen étnico, la religión o la discapacidad. Nosotros también levantamos esta bandera y apoyamos este proyecto de ley, aun con dudas de que en la práctica muchos detalles generen laberintos jurídicos que ocasionen que no se llegue a castigar con la contundencia que se pretende a quien mata a una mujer por su condición de tal. Veremos qué ocurre en la práctica, pero esperamos que este sea un instrumento para penalizar a los violentos y dar el mensaje de que el Estado uruguayo va castigar con toda severidad todos los casos en los que se atente contra la vida, ya se trate de una mujer, de niños o de cualquier persona que lo único que hace es vivir en sociedad. Esperamos que de esta manera podamos superar esa incertidumbre de no saber realmente qué pena se le va a aplicar a quien asesinó a otra persona y de que quede en manos del Poder Judicial. Como decía, nosotros vamos a acompañar este proyecto, pero manifestamos claramente: ¡ojalá esta sea la herramienta que necesita nuestro país para detener la barbaridad y el exceso de una sociedad enferma, donde nos enteramos todos los días de una muerte ocurrida de esta forma! Hace pocos días hubo otro intento de asesinato. Creo que la mujer se salvó y el autor se suicidó. ¡Esa fue otra barbaridad! Ante esas situaciones, en una sociedad muy violenta como en la que lamentablemente vivimos hoy, las señales que se den desde el Parlamento y desde el Estado uruguayo en cuanto a que se va a ser muy duro cuando se utilice la violencia indiscriminada sobre la mujer o sobre cualquier otra persona, son un paso muy importante. Muchas gracias.
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