Mientras en el nacionalismo se velan armas para comenzar a desarrollar una ofensiva contra el gobierno sobre su gestión, en el oficialismo se adelanta que esta vez no se darán los votos para habilitar nuevas comisiones investigadoras en la Cámara de Diputados salvo que se presenten documentos concretos sobre aparentes delitos que merezcan analizar.

Será en la cámara baja y no en el Senado donde se van a dirimir las fuerzas de cada sector en este 2016 que parece prometer un año intenso en el Parlamento y no por su labor de legislar sino en el de generar hechos políticos.

La oposición y fundamentalmente el partido Nacional anuncia un frente de ataque al oficialismo que pasa por proponer comisiones investigadoras. La estrategia nacionalista pasa por revisar los alcances en los acuerdos comerciales entre Uruguay y Venezuela y parece inspirarse en el protagonismo mediático que tuvo el antecedente reciente y que fue la comisión investigadora sobre Ancap.

No solo desde la oposición se evalúa como un éxito la creación de esa investigadora que ya terminó y de la se esperan los informes finales para mediados del mes de febrero, sino que también desde algunos sectores del oficialismo se entiende que hubo una actitud de transparencia para la gestión pública que ayudó en una mejor imagen del gobierno.

Hay que recordar que inicialmente la bancada de senadores del FA se negaba a dar el voto afirmativo para una investigadora sobre Ancap pero, al final se laudó dándose una particular interpretación a la ley 16.698 que posibilita las investigadoras parlamentarias, señalándose que si bien no aparecían delitos explícitos en la gestión de la empresa estatal que la justificara y tampoco cabría una comisión “con fines legislativos”, igualmente se la habilitó.

Ahora el partido Nacional a través de algunos de sus principales referentes, plantea repicar la creación de investigadoras pero no en el Senado sino en Diputados. En la Cámara baja, sin embargo, la correlación de fuerzas es diferente a la de la cámara alta. En Diputados, el Frente Amplio ya le ha dicho “no” a una comisión investigadora que el nacionalismo, a través del diputado Rodrigo Goñi del sector herrerista “Todos”, planteó a mediados del año pasado sobre el funcionamiento del Fondes.

Los 50 representantes del Frente Amplio dijeron a coro que era improcedente una comisión investigadora sobre el Fondo de Desarrollo y todo parece indicar que en este año las respuestas de la izquierda a las peticiones de investigar la gestión del gobierno que vaya a hacer la oposición serán idénticas.

El diputado Goñi planteó el año pasado la necesidad de investigar “situaciones” que a su juicio presentaban elementos de “irregularidad” o “ilicitud” en relación al uso de los recursos del Fondes y también para “reunir información que permita suministrar datos para ser considerados al momento de tratarse el proyecto de ley sobre el Fondes” que el Poder Ejecutivo había presentado.

También daba cuenta de hechos que a juicio del diputado configurarían indicios de ilicitud o irregularidades en asuntos que revestirían “suficiente entidad institucional” en relación a los resultados de algunos emprendimientos asistidos por el Fondes, según documentos en poder de LA REPÚBLICA y que fueron mocionados en su momento por el representante nacionalista.

Desde el oficialismo se negó la petición de la investigadora porque las situaciones denunciadas y los hechos narrados “no revisten la suficiente entidad y seriedad que justifique la designación de una Comisión Parlamentaria de Investigación”, así como “tampoco para suministrar datos con fines legislativos puesto que no se cumplen los requisitos de oportunidad y procedencia legalmente estipulados” señala la respuesta del Frente Amplio, recordando que la designación de comisiones parlamentarias de investigación solo es procedente “cuando se haya denunciado con fundamento la existencia de irregularidades o ilicitudes, extremo que en la especie no se configura por las razones hasta aquí señaladas”.

El Frente Amplio considera que la creación de comisiones investigadoras parlamentarias es el último paso en un proceso de denuncia. Primero, se entiende desde le oficialismo, está la herramienta de los pedidos de informe; luego los llamados al parlamento de los responsables del Poder Ejecutivo y, en última instancia, las comisiones investigadoras. Pero, para llegar a este último paso, se deberán tener pruebas fehacientes e incontrastables de que hay elementos de hechos delictivos.

En una década dos comisiones investigadoras

En los últimos 10 años hubo dos comisiones investigadoras en el Parlamento. La más reciente en el Senado sobre la gestión de Ancap y la más antigua fue una que funcionó en la cámara de Diputados impulsada por el Frente Amplio. Esta última tuvo como cometido analizar la gestión de entes y servicios descentralizados.

Fue propuesta por el diputado de Asamblea Uruguay José Carlos Mahía sobre la legalidad, oportunidad y conveniencia de los gastos realizados en el período comprendido entre el 1º de marzo de 2000 y 1º de marzo de 2005 en UTE, Ancap, BSE, BHU, OSE, Antel y Correos. La investigadora terminó sin un informe final