La discusión de la Rendición de Cuentas en el Senado fue aprovechada por todos los partidos de la oposición para cuestionar al gobierno por haber cometido errores de cálculo en las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y el abatimiento del déficit fiscal hechas por el ministro de Economía Danilo Astori en 2015.
"Hubo promesas de campaña no cumplidas", subrayó el senador del Partido Independiente Pablo Mieres, aludiendo a que se había dicho que no aumentaría la carga tributaria, y en el proyecto se incluye un ajuste fiscal que aumenta el IRPF. Además, colorados y blancos aludieron al "fracaso" de todas las políticas en seguridad, salud y educación.
Esos partidos señalaron, asimismo, que debido a la ausencia de recortes en los gastos estatales en un porcentaje mayor al que se hará, el ajuste fiscal contenido en la Rendición "no será suficiente".
Ante la seguidilla de reproches políticos, la bancada oficialista no presentó batalla y sus 16 senadores aprobaron la Rendición en general.
Desde esta mañana se considerarán sus 189 artículos, previéndose debates en tres áreas: el ajuste fiscal, el tope de los salarios de los jerarcas estatales, y la disminución de la exoneración a las donaciones a las universidades privadas prevista en el artículo 186.
Debido a los cambios efectuados en el Senado, entre ellos la reasignación de $ 1.437 millones para la Educación y otras áreas que originalmente el Poder Ejecutivo había recortado del Presupuesto 2015, el proyecto volverá a la Cámara de Representantes. Esta deberá aprobar las modificaciones o rechazarlas en una sola votación. Ocurrirá lo primero y la Rendición será promulgada por el Poder Ejecutivo.
El Frente Amplio, por medio del senador oficialista Rafael Michelini, argumentó que con el ajuste fiscal, llamado por el oficialismo "consolidación fiscal", el gobierno "necesitaba mandar una señal" a la economía ante la desaceleración experimentada, y para que "no sufran en el futuro los trabajadores". Pidió que no se plantee "un escenario de apocalipsis".
Al contrario, para la oposición este ajuste "lo pagarán los trabajadores", según afirmó el colorado Pedro Bordaberry.
Cuando intervino, el senador nacionalista Álvaro Delgado cuestionó el ajuste fiscal porque dijo que "afecta a los ingresos fijo de los trabajadores". Y sostuvo que el gobierno calculó mal las proyecciones cuando en 2015 hizo las previsiones presupuestales. "Duraron solo cinco meses", señaló, y agregó que la Rendición de Cuentas "se basa en un abatimiento, una eliminación de gastos aprobados en 2015". También criticó los insuficientes recortes del gasto estatal.
Recordó las previsiones del propio gobierno en cuanto a que el déficit fiscal llegaría al 4,3% del PIB, y el crecimiento a 1,5%. "El gobierno prefirió ajustar por el ingreso en vez de por el gasto", dijo el senador blanco.
A modo de conclusión, Delgado dijo que el Presupuesto de 2015 "estuvo desfinanciado, que las previsiones del equipo económico fueron erróneas, que no hay autocrítica para reconocer la situación fiscal, que han presentado un ajuste fiscal que grava a los que trabajan, que la Rendición tiene un elevado nivel de desfinanciación", y en suma que el equipo económico "ha perdido credibilidad".
El colorado José Amorín recordó que toda la oposición le advirtió en 2015 al ministro Astori que el crecimiento se estaba desplomando y que sus previsiones no se cumplirían.
Amorín sostuvo que el ajuste fiscal "hay que hacerlo", pero dijo que no es por el camino de subir el IRPF ni limitar las deducciones.
Tanto Amorín como Delgado enfatizaron en que con el recorte "se toca el gasto social", y con respecto a las donaciones a las universidades privadas, el senador colorado aseguró que la eliminación de la exoneración "incentivará a no darle un peso más".
Luego, el senador nacionalista Luis Alberto Heber afirmó que después de esta Rendición "no hay nada más para borrar con el codo de todo lo que se ha escrito".
"Astori se equivocó, se equivocó, se equivocó, y resulta que lo consideran un genio. ¿Alguien me va a decir que Astori no sabía que el de 2015 era un Presupuesto virtual? Ah, yo creo que sabía", cuestionó. Astori "es una persona poco humilde", añadió.
Heber molestó al oficialismo cuando cuestionó particularmente la política en materia de seguridad. Le respondió el senador Michelini diciendo que mejorar el combate a la delincuencia requiere de recursos y tiempo, y que en eso está el gobierno del Frente Amplio.
"Desde 2006 en que se abrieron las puertas de las cárceles, hemos tenido más presupuesto y también más delincuencia", sostuvo. Volvió a pedir la renuncia del ministro Eduardo Bonomi "porque fracasó".
Al hablar de la salud, Bordaberry recordó que en 2015 "en una colonia psiquiátrica murió un interno comido por perros", y le pidió a Topolansky que "deje de hablar de los niños de Bella Unión", en referencia a que durante mucho tiempo el FA sostuvo que cuando asumió el gobierno en 2005 había niños en esa ciudad que comían pasto para subsistir.
Por su parte, el nacionalista Jorge Larrañaga dijo que no votará más impuestos a los uruguayos. "No vamos a convalidar con nuestro voto la irresponsabilidad del gobierno en el manejo de las finanzas públicas".
El senador blanco manifestó que "traen a los uruguayos un ajuste y nos quieren convencer de que es bueno, que es justo".
Situación de Inisa calentó la discusión.
Uno de los momentos álgidos del debate se planteó cuando el senador de Vamos Uruguay Pedro Bordaberry analizó las denuncias de las autoridades del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) hechas en su momento.
Entre las numerosas situaciones que planteara la directora del instituto, Gabriela Fulco, figuró la imposibilidad de rehabilitar menores infractores en el nuevo centro construido por la empresa Calpusa.
Según su testimonio ante la comisión, las malas condiciones en que se recibió el centro no permiten cumplir adecuadamente con la resocialización de esos menores.
Al respecto, Bordaberry dijo que la empresa Calpusa "recibió la adjudicación directa para obras" de construcción del centro de rehabilitación para menores infractores del Inisa, y que "buscando en Google, algo tan fácil de hacer, averigüé que esa empresa hizo aportes al Frente Amplio en la última elección. Esta empresa está objetada por la obra. Y recibió la adjudicación de un directorio donde la mayoría son del Frente Amplio".
El senador colorado dijo que Calpusa está en concordato y debe US$ 12 millones.
Tales afirmaciones no fueron respondidas por la bancada del Frente Amplio.
Asimismo, el senador hizo otras objeciones a gastos a su juicio mal ejecutados por el gobierno desde la ley de Presupuesto de 2015. Por ejemplo, criticó al oficialismo por "rascar" buscando dinero "sin mirar a los 99 adscriptos de los ministros".
Recordó que "en este mundo donde se dice que todo está bárbaro", aludiendo al discurso oficial, "los directores del Inisa denunciaron que no se respetan los derechos humanos", y "que se gastan US$ 20 millones en un centro que hay que hacer de vuelta".
Además Bordaberry también afirmó que "hay una desviación de los recursos públicos" en el Inisa con la contratación de talleristas.
Acerca de las denuncias sobre el Inisa hechas por sus propias autoridades, el senador indicó que "hay que hacer algo" en el Parlamento. La senadora nacionalista Verónica Alonso anunció tras la comparecencia del Inisa a la comisión, que se propone implementar una investigación parlamentaria sobre el caso, que Bordaberry desde ya se comprometió a apoyar.
También, el senador cuestionó al director de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Alberto Scavarelli, porque uno de sus hijos es adscripto al ministro Eduardo Bonomi. "Por lo menos podrían haberle hecho un concursito… no?", preguntó Bordaberry.
