Salas de hospital listas desde 2014 no se usan

 

Blancos reclaman; BPS dice que no estaba previsto abrirlas.

El Hospital de Día de la institución para pacientes con enfermedades raras del Banco de Previsión Social (BPS) está listo desde diciembre de 2014. Las salas están a nuevo, cuentan con camas y todo el resto del equipamiento. Sin embargo, nada de esto se utiliza. El Partido Nacional denunció la situación y cursó un pedido de informes.

El 19 de diciembre de 2014, con la presencia del expresidente del BPS y hoy ministro de Trabajo, Ernesto Murro, y la exministra de Salud Pública y hoy presidenta de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Susana Muñiz, una cinta se cortó en el Centro de Referencia Nacional en Defectos Congénitos y Enfermedades Raras (Crenadecer), ubicado sobre la calle Agraciada. La invitación al evento señalaba: "Inauguración de la primera etapa de las instalaciones de la unidad de diagnóstico y tratamiento del Crenadecer, y entrega de equipos informáticos".

El día de la inauguración el BPS publicó en su página web que "con esta inversión de casi 20 millones de pesos se proyecta llegar a atender más de 7 mil personas, y es objetivo de las autoridades continuar con el proceso de renovación edilicia".

Lo que en realidad estaba pronto era la infraestructura del Hospital de Día para pacientes que necesitan internación pero por poco tiempo, y la sala de espera principal, que según constató El País sí se está utilizando.

El representante nacionalista Martín Lema, que denunció la situación, cursó un pedido de informes y convocó a las autoridades del BPS a contestar la semana que viene ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados "por qué si se invirtieron recursos, si se hizo una reforma estructural, si se cortó una cinta, esto nunca se hizo funcionar", según declaró a El País.

"El viernes 24 de junio fuimos a visitar de forma sorpresiva el Hospital de Día del Crenadecer. Si bien al principio nos dijeron que había que coordinar la visita previamente con el directorio del BPS, luego de expresarles que el control es parte de nuestras potestades y que no podían impedirnos el ingreso, nos dejaron entrar. Ahí vimos que el Hospital de Día que fue inaugurado en 2014 nunca llegó a funcionar", añadió el diputado blanco.

Consultado sobre el tema, el presidente del BPS, Heber Galli, dijo a El País que "lo que se inauguró el 19 de diciembre de 2014 no fue el Hospital de Día, sino la primera de cinco etapas de la reforma locativa de la unidad de diagnóstico y tratamiento Crenadecer".

Galli dijo que no hay fecha prevista para la inauguración del Hospital de Día, y añadió que si esto aún no se ha hecho fue primero por unas goteras producto de la construcción inicial, porque faltaba el equipamiento, y que hoy por hoy el problema principal radica en la falta de personal.

"Unas semanas después de la inauguración de la reforma locativa hubo un problema en un baño del primer piso que generó filtraciones, lo que provocó que se tuvieran que hacer una serie de obras. Eso quedó terminado en noviembre de 2015. En tanto se hacían los arreglos se iba comprando el equipamiento. El Hospital de Día hoy está equipado. Ahora falta el personal", precisó el presidente del BPS.

El Hospital de Día necesita de personal conformado por un médico, una licenciada en enfermería y al menos dos auxiliares de enfermería.

Galli dijo que ese personal "surgirá del reordenamiento de los servicios del Canzani", el otro hospital del BPS para el que está previsto el cierre de su maternidad.

En realidad, algunos servicios del Canzani iban cerrar el 1º de junio pasado y el plan, según se ha dicho desde el BPS, era que algunos de sus funcionarios pasaran al Crenadecer. Sin embargo, a inicios de este mes la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) se resistió al cierre, y el Canzani sigue funcionando de igual forma. En abril pasado, además, el ministro Jorge Basso dijo ante la Comisión de Salud del Senado que el Canzani finalmente no iba a cerrarse.

El plan, que el BPS sigue determinado en llevar adelante, establece que el centro de salud cierre 53 camas de internación y distribuya a 92 de sus 257 funcionarios en distintas áreas del organismo. Sobre esta probabilidad, el sindicato alude que "significa un retroceso", porque "fragmenta el proceso de atención integral, tercerizando y descentralizando" parte de sus servicios.

Técnicos de todos los partidos continuaron trabajando en los proyectos de materia de seguridad

 

Hubo acuerdo en penar con agravantes el homicidio de policías, jueces y fiscales pero todavía no se alcanzó el consenso en otras propuestas.

Estamos parcialmente conformes en el sentido que algo avanzamos en materia de regulación del homicidio, la tendencia es mejorar la protección de la vida.

Quedan temas a definir, no dio el tiempo para tratar la cuestión de la responsabilidad penal juvenil. Tampoco hemos podido ingresar en el tema de la creación de un servicio descentralizado para que las cárceles salgan del Ministerio del Interior.

Diputados blancos se proponen "correr por izquierda" al Frente. Rendición. Legisladores propondrán impuestos a bancos y terratenientes



Para que paguen un poco más los que más tienen, es necesario, entre otras cosas, poner nuevos impuestos a los grandes latifundios forestales y a las ganancias del sistema bancario para, de esa forma, aliviar la carga tributaria que pesa sobre los trabajadores y evitar que se recorte el gasto social.

A simple vista, estas propuestas parecen extraídas de las consignas más tradicionales de la izquierda. Sin embargo, se trata de iniciativas nacidas desde el Partido Nacional que les serán ofrecidas cara a cara a aquellos legisladores del Frente Amplio que todavía se rebelan contra una Rendición de Cuentas que no les es del todo grata.

Es así que, la próxima semana, los diputados Jorge Gandini (Alianza Nacional) y Gustavo Penadés (Todos) propiciarán reuniones con los sectores de la izquierda que estén dispuestos a hacer causa común contra algunas de las propuestas enviadas por el Poder Ejecutivo y, más precisamente, por el equipo económico liderado por Danilo Astori (Frente Líber Seregni).

Fuentes nacionalistas dijeron a El Observador que los contactos tienen como objetivo encarar "propuestas concretas" para aliviar el aumento previsto en el IRPF y evitar que se recorten los gastos previstos para organismos como ANEP, INAU y Universidad de la República.

Pero, más allá de esos objetivos confesados, los blancos saben que con esta movida estarán "corriendo por izquierda" al Frente Amplio y dejando en evidencia que, teniendo paño para cortar en las ganancias de los terratenientes y los banqueros, el gobierno ha elegido meter mano en otros bolsillos.

Distribuciones y recesiones.

Ayer en El ObservadorTV, el diputado Gandini dijo que la tan mentada "postergación" de gastos en el área social no es otra cosa que un recorte.

Fuentes del oficialismo confirmaron a El Observador que en la planificación presupuestal para el quinquenio el aumento correspondiente a 2017 en esas áreas será eliminado sin compensación en el resto del período.

Ese asunto ya ha provocado enfrentamientos verbales entre el presidente Tabaré Vázquez y el ministro Astori, con buena parte del Frente Amplio.

En el Poder Ejecutivo se les reclama a estos sectores -casi todos salvo el Frente Líber Seregni (FLS)- que voten lo acordado en anteriores reuniones bilaterales; pero en el Frente Amplio dicen que nunca fue acordado que hubiera recortes en los gastos de la educación. Incluso el propio Vázquez reconoció que hubo un malentendido y pidió disculpas.

Lo que sí pactaron el gobierno y la fuerza política es que no habrá aumentos del IRPF para los sueldos nominales menores a $ 50 mil.

Pero para el Partido Nacional esa solución no tiene nada de "redistributiva", sino que es sencillamente "recesiva" y así se lo harán saber en los encuentros que propiciarán con los legisladores del Frente Amplio. "Si usted gana $ 150 mil por mes no compra Panamá Papers ni bonos del Tesoro. Tendrá un nivel de vida mejor, mandará a su hijo a que estudie algo más, alquilará una casita en las vacaciones, pero ese dinero lo vuelca al mercado. Si usted retira ese dinero del mercado va a pasar lo que pasó desde 2015. Se consumió menos y se destruyeron 33 mil empleos", dijo Gandini.

El parlamentario propone gravar un poco menos a los trabajadores y ponerle impuestos al sector financiero que, afirma, "no ha sido tocado" pese a haber tenido ganancias de US$ 120 millones anuales gracias a las transacciones con tarjetas de débito en el marco de la denominada "inclusión financiera".

Además, el también diputado blanco Omar Lafluf propone aplicarle el impuesto de Primaria a las empresas forestales que son propietarias de grandes extensiones de tierra y que, hasta ahora, se han salvado de ese tributo que sí pagan los productores rurales.

Los diputados del Frente Amplio tienen plazo hasta el 4 de agosto para decidir si aceptan los cambios que les propone el Partido Nacional. Luego, la Rendición de Cuentas pasará al Senado.

Cansados de no poder negociar, analizan desocupar el Cachón. Ciegos. Usuarios ocupan hace 70 días y afirman que el Mides está ausente

 

Luego de 70 días de ocupación, los usuarios y exusuarios del Instituto para personas ciegas y con baja visión Tiburcio Cachón analizan desalojar el centro. La decisión no está dada por haber llegado a un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) -de quien depende- sino todo lo contrario. Según dijo a El Observador Daniel Lamas, usuario del instituto, poner fin a la medida que lleva más de dos meses en curso está dado porque "se agotaron las vías de negociación", por lo que ya no ven una salida posible al conflicto. Aunque todavía no hay una resolución final, Lamas afirmó que es muy probable que se desaloje.
La Comisión de Derechos Humanos de Diputados citó ayer a las autoridades del Mides, del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y a una comisión de integrantes del Cachón instalada para negociar, a tener una nueva instancia parlamentaria. Quienes se rehabilitan en el centro estaban convencidos de que iba a ser el día en el que se pusiera punto final y hubiera acuerdo acuerdo con el Mides -que decidió trasladar ese centro al Instituto Artigas, a lo que los usuarios se oponen rotundamente-. Sin embargo, por el Mides solo se presentó una abogada, que había participado en una sesión anterior y dejó claro que, si bien iba como representante de la cartera, no tenía poder de decisión en ese asunto. Al no haber ninguna autoridad del Mides en el Parlamento, la comisión sesionó pero sin llegar a tomar ninguna resolución.

Para la diputada nacionalista Gloria Rodríguez, encargada de convocar a los participantes de la comisión, lo sucedido ayer implica que el Mides "desconozca al Parlamento".

"Ha sido una falta total de respeto. Se presentó la Inddhh con un compromiso total y el Mides nuevamente se presenta en una postura intransigente, de no diálogo", dijo a El Observador y agregó: "A los usuarios se los está castigando políticamente. Están siendo castigados porque (hay políticos) que interactuamos". El Observador intentó comunicarse con autoridades del Mides, entre ellas la subsecretaria Ana Olivera, pero no quisieron hacer declaraciones sobre el tema.

Mientras en el Parlamento se intentaba negociar, aunque sin éxito, en el Cachón seguían firmes con la ocupación y expectantes de lo que sucediera a nivel legislativo. Lamas afirmó que durante estos 70 días quienes participaron de la medida se desgastaron. "Ha sido heroico lo que hicieron, pero hubo fricciones lógicas", dijo.

Cartas

Hace dos días, integrantes de la Comisión de Negociación por el conflicto en el Cachón enviaron una carta al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en la que le solicitaban "contar con su invalorable participación", para llegar a una solución. "Cabe aclarar que llevamos 68 días de ocupación, con el desgaste que eso significa para personas ciegas, muchas de ellos adultos mayores con problemas de salud, que luchan por sus derechos", escribieron.

Dos semanas antes, la Unión Latinoamericana de Ciegos había escrito a la ministra Marina Arismendi expresando preocupación por el caso y se ofreció a participar como mediador.

Intendente convocado a sala por transporte

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El edil convocante, Diego Rodríguez Salomón (PN), dijo ayer a El País que quiere conocer "de boca del intendente lo que hará para reestructurar el sistema de transporte colectivo de Montevideo".

Rodríguez opinó que las entrevistas que inició esta semana el intendente Martínez con las empresas del transporte para reestructurar la paramétrica del precio del boleto e introducir cambios en el transporte de la ciudad, "debería haberlas hecho antes" del colapso de Raincoop.

Incluso recordó que de acuerdo a la opinión de distintos actores políticos y empresariales, la situación de la extinta cooperativa "era conocida hace muchos años", por lo que "era necesario que la Intendencia actuara mucho antes, probablemente durante el mandato de Ana Olivera, o incluso en la administración de Ricardo Ehrlich".

Si bien el intendente puede hacerse representar por alguno de sus directores, el edil del Partido Nacional tiene la esperanza de que concurra personalmente al plenario de la Junta Departamental, "por la magnitud de lo que pasó y está pasando" con el transporte colectivo en Montevideo.

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