Miércoles 20 votan interpelar a Astori

 

Larrañaga dijo que el ajuste fiscal golpeará a la clase media.

 

 

El senador Jorge Larrañaga volvió a criticar el ajuste fiscal propuesto por el gobierno, afirmó que en Venezuela "no hay democracia" e insistió en medidas para mejorar la seguridad pública.

Larrañaga estuvo anoche en la Sociedad de Fomento de Defensa Agraria, en Paso de la Arena, en el marco de un nuevo encuentro de "Larrañaga y la gene, juntos".

En la oportunidad Larrañaga anunció que el miércoles 20 presentará la moción para interpelar al ministro de Economía, Danilo Astori, porque "cuestionamos la política económica implementada por el Frente Amplio que castiga a la clase media uruguaya". Apuntó que "no estoy de acuerdo con este ajuste propuesto porque impacta en el bolsillo de la gente, en el ahorro y en definitiva tendrá un impacto negativo sobre la economía, por los aspectos recesivos que generará". Señaló que "se castiga con impuestos, inflación y tarifas a la clase media que lucha por superarse, hacen que sea ella quien pague el desmanejo del gobierno".

Venezuela.

Larrañaga señaló que "más allá de la discusión jurídica sobre el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur, la discusión de fondo que hay que dar es que en Venezuela no hay democracia". "Si bien asiste razón jurídica al gobierno, hay que dar la discusión de fondo sobre las condiciones políticas de Venezuela".

Seguridad.

Interrogado por una vecina de la zona sobre la problemática de seguridad, Larrañaga expresó que "la ecuación de pérdida de valores, problemas de adicciones y falta de conducción hacen un combo de inseguridad que es la tormenta perfecta, donde lo que escasean son soluciones para los ciudadanos".

Lacalle Pou y Martín Lema exigen que el MEC otorgue partida prometida al teatro

 

 

 

Luis Lacalle Pou y Martín Lema exhortaron al MEC a pagar la partida prometida al teatro independiente, que todavía no fue entregada.

El senador Luis Lacalle Pou y el diputado Martin Lema solicitan que el Ministerio de Educación y Cultura le otorgue cuanto antes la partida comprometida en la Ley de Presupuesto ( artículo 663 Ley 19355) a la Federación uruguaya de Teatro Independiente.

Esta solicitud fue presentada a través de una exposición escrita que el senador Lacalle Pou le encomendó a Martin Lema luego de que ambos mantuvieran reunión con miembros de FUTI.

En la solicitud de los legisladores se reclama que el MEC inmediatamente otorgue la totalidad de la cantidad comprometida, ya que los espacios culturales "no solo se potencian con artículos que suenen lindos, sino con el cumplimiento en tiempo y forma que aporte al teatro la posibilidad de enfrentar gastos", indica el comunicado.

"Resulta fundamental mantener y potenciar los espacios culturales, y en este sentido el Teatro Independiente es uno de los protagonistas principales, con sus más de 20 salas, sus salidas a barrios, sus escuelas de formación, y su intercambio con el interior y el exterior", comienza la exposición de motivos de la petición elevada al Parlamento.

La Ley 19355- Presupuesto 2015-2019 en su artículo 663, dispone un subsidio del Estado a través del Ministerio de Educación y Cultura a FUTI ( Federación uruguaya de Teatro Independiente) de $ 8.000.000. "Si bien dicha partida no es suficiente, es fundamental que la reciban en tiempo y forma", indica Lema.

FUTI realizó el trámite ante el MEC ( Expediente 2016-11-0001-1491) que "se encuentra hace bastante tiempo en la misma oficina, tal como puede verse al realizar el seguimiento del citado expediente".

"Ha transcurrido medio año y la partida destinada en la Ley de presupuesto no ha llegado a destino, agravando la situación del Teatro Independiente, que no puede ser rehén de una gestión despreocupada por este tipo de temas", acota Lema.

El diputado recuerda que hay que considerar que el mantenimiento y funcionamiento de salas "implica además de gastos para cumplir con la seguridad y habilitaciones de las mismas, atender el avance tecnológico y sostener fuentes de trabajo".

Por lo expuesto, exhorta al Ministerio de Educación y Cultura a "dar cumplimiento del artículo 663 de la Ley 19355, procediendo a la entrega urgente de la partida asignada a FUTI".

Heber: "ALUR no usa un avión que le costó US$ 385.000”

Acusa "nuevo despilfarro"

 

Heber: "ALUR no usa un avión que le costó US$ 385.000”

 

La oposición denunció que Alcoholes del Uruguay (ALUR) tiene un avión sin usar, lo que ha sumado a la lista de "despilfarros" producidos en Ancap.

Según informa El País, la oposición ha cuestionado la falta de uso de un avión perteneciente a ALUR.

"Que siga el derroche, total paga el pueblo con los impuestos", dijo al matutino el senador nacionalista, Luis Alberto Heber. "ALUR no usa un avión que le costó US$ 385.000 y que por mantenimiento le costó US$ 500.000. Es una barbaridad ya el hecho de que compre un avión. Y además ahora parece ser que es un clavo que nadie quiere. Es un nuevo despilfarro de ALUR y el gobierno", agregó.

Ancap intenta deshacerse del avión Cessna 414, que ALUR compró en 2012 y que considera ya no necesita. La aeronave pasa más tiempo en el hangar que en vuelo.

El avión de ALUR es "otro despilfarro", dice oposición

 

Legisladores critican gasto en compra y mantenimiento.

 

La oposición salió a fustigar que Alcoholes del Uruguay (ALUR) tenga un avión sin usar, y sostuvo que es una perla más en el collar de "despilfarros" que se produjeron en Ancap.

"Que siga el derroche, total paga el pueblo con los impuestos", dijo a El País el senador nacionalista, Luis Alberto Heber. "ALUR no usa un avión que le costó US$ 385.000 y que por mantenimiento le costó US$ 500.000. Es una barbaridad ya el hecho de que compre un avión. Y además ahora parece ser que es un clavo que nadie quiere. Es un nuevo despilfarro de ALUR y el gobierno", agregó.

El País informó el domingo que Ancap se quiere deshacer de un avión Cessna 414, bimotor, que ALUR compró en 2012 por US$ 385.000, y que hasta ahora le ha costado otros US$ 500.000 por uso y mantenimiento. Considera que ahora ya no lo necesita y la aeronave pasa más tiempo en el hangar que en vuelo. En el último año y medio hizo solo 26 viajes. Entre 2015 y 2016 la aeronave pasó 519 días estacionada en el hangar del aeropuerto de Melilla. Hoy, sin embargo, no se encuentra una institución que la acepte y se haga cargo de cubrir sus gastos. El problema es que el uso del aparato está contemplado dentro del presupuesto anual de Ancap.

Ancap se lo ofreció a la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) para el traslado de pacientes, pero fue rechazado porque no se adapta a las necesidades de la institución que, además, recurre a la Fuerza Aérea cuando requiere de traslados de urgencia.

El ente también ha mantenido conversaciones con la Fuerza Aérea, pero no ha llegado a un acuerdo.

"Es otra muestra del despilfarro y de la fiesta interminable de Ancap. No se puede creer que además no se use. Esto no está en la Justicia donde hay cosas que configuran delito y esperamos tener novedades en las próximas semanas", dijo por su parte el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres.

 

La próxima semana, cuando termine la feria judicial menor, la Justicia de Crimen Organizado definirá las primeras citaciones por las denuncias que presentaron los partidos de oposición sobre la gestión de Ancap durante los gobiernos del Frente Amplio tras la actuación de una comisión investigadora.

El senador colorado Pedro Bordaberry, por su parte, recordó que en 2013 convocó al entonces ministro de Industria, Roberto Kreimerman, y al entonces presidente de Ancap, Raúl Sendic, a la Comisión de Industria del Senado, y "defendieron la compra del avión y su uso, estimando que era imprescindible y diciendo que sería utilizado por el presidente". A finales de ese año interpelé a Kreimerman por la situación de Ancap y repitió lo mismo" respecto al avión, recordó.

"Entre las muchas cosas que objetamos fue la compra del avión y nos dijeron que lo usaban directores de Ancap, gerentes, y hasta el presidente. Evidentemente no era así y fue una decisión equivocada comprarse un avión por parte de Sendic, una de las tantas que cometió en Ancap y de las cuales ahora no sabe cómo salir".

Bordaberry fue más allá y dijo que también es una "decisión equivocada del presidente Tabaré Vázquez comprarse ahora otro avión con la plata de los uruguayos; mientras aumenta los impuestos al trabajo, los impuestos a las jubilaciones y le da un adelanto de $ 200 a los jubilados, se va a gastar un millón y medio de dólares en un avión mientras da un adelanto de 200 pesos".

"Evidentemente el tema de los aviones no es el fuerte del gobierno y del Frente Amplio: avión en Ancap, compra de avión ahora a un amigo de un asesor, Pluna, Alas U...", remató con ironía el legislador.

Blancos interrogan a Cancillería por el acuerdo con EE.UU para recibir ex reclusos de Guantánamo

 

El senador del Partido Nacional Luis Lacalle Pou (Todos) solicita al ministro de relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, que le informe sobre el instrumento jurídico por el cual Uruguay y Estados Unidos formalizaron el acuerdo para el envío a nuestro país de ex reclusos de Guantánamo, quiénes fueron los funcionarios uruguayos que estuvieron a cargo de las negociaciones, y si entre ambos gobiernos existe un acuerdo de intercambio de información sobre el estado de situación de los ex reclusos.

 

Blancos interrogan a Cancillería por el acuerdo con EE.UU para recibir ex reclusos de Guantánamo.

 

En momentos en que el sirio Jihad Ahmad Diyab -uno de los seis ex reclusos de Guantánamo que acogió Uruguay en 2014- abandonó el país, el legislador nacionalista pregunta a las autoridades de Cancillería por el instrumento jurídico por el cual Uruguay y Estados Unidos formalizaron el acuerdo.

En tal sentido, Lacalle Pou remitió un pedido de informes al Ministerio de Relaciones Exteriores.

El 28 de marzo de 2014, el entonces Ministro de Exteriores, Luis Almagro, fue convocado a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes, con el propósito de analizar la información y los antecedentes relativos, en aquel entonces, a la “supuesta solicitud del Gobierno de los Estados Unidos para recibir en el territorio nacional a personas detenidas en la denominada cárcel de Guantánamo”.

En dicha oportunidad, Lacalle Pou solicitó a Almagro que informara sobre el “marco jurídico mediante el cual serían trasladadas al Uruguay las personas detenidas”.

También solicitó que informara sobre “qué país había realizado el planteo y cuáles habían sido los canales formales utilizados, quiénes habían sido los funcionarios designados para llevar adelante las negociaciones, si existían contraprestaciones y cuáles eran los motivos que impulsaban a Uruguay a aceptar recibir a las personas detenidas”.
Por otra parte, el parlamentario blanco pidió información relativa a cuestiones de “seguridad, antecedentes de los candidatos seleccionados para ser trasladadas al Uruguay y la capacidad del país para llevar adelante un operativo de vigilancia”.

En aquella instancia Lacalle Pou dijo que Almagro “se limitó a analizar los antecedentes de Uruguay como país que a lo largo de su historia ha servido de refugio para miles de inmigrantes, a aclarar que la decisión de aceptar el traslado de las personas detenidas obedecía a razones humanitarias y que la iniciativa cumplía con un planteamiento del Gobierno de los Estados Unidos”.

En febrero de 2015 Almagro fue convocado nuevamente al Parlamento para informar sobre los “avances relativos al traslado de los detenidos en Guantánamo”.

En dicha instancia el entonces canciller reiteró las respuestas y los conceptos manejados con anterioridad.
También aclaró que “las personas detenidas habían ingresado al país dando inicio al trámite para ser recibidas como refugiados. Por lo demás se amparó en la confidencialidad establecida en la Ley de Refugiados”, recordó Lacalle Pou.

Preguntas para Nin Nova

En ese marco, el legislador nacionalista, pregunta ahora al canciller Nin Nova que indique “cuál es el instrumento jurídico por medio del cual los gobiernos de Uruguay y Estados Unidos formalizaron el acuerdo de trasladar a las personas detenidas en la prisión de Guantánamo a territorio uruguayo”.

También pide que se le informe “qué país tomo la iniciativa para llevar adelante el acuerdo de traslado”.
Solicita que se le indique “quiénes fueron los funcionarios que estuvieron a cargo de las negociaciones en representación de Uruguay”.

Lacalle Pou requiere se le responda si el Congreso de los Estados Unidos fue informado del acuerdo, si hay por parte del Gobierno uruguayo un monitoreo de los ex reclusos en territorio nacional, y si entre ambos gobiernos existe un intercambio de información sobre el estado de situación de los ex reclusos.

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