"Las intendencias no podrían autorizar actividad minera porque el Código de Minería le da competencia exclusiva al gobierno nacional, pero sí pueden prohibirla como a otras actividades en virtud de las competencias otorgadas por la Constitución, la Ley General del Ambiente y la Ley de Ordenamiento Territorial, entre otras. Un ejemplo, tampoco las intendencias tienen competencia en materia de producción agropecuaria pero pueden prohibir la cría de cerdos en las zonas urbanas por razones de salubridad. O como San José, que ha prohibido la explotación forestal en virtud de la protección de su modelo de desarrollo de la cuenca lechera", explicó el legislador a El País.
"Resulta curioso que días atrás, en la propia página de Presidencia de la República, el ministro de Industria (Roberto Kreimerman) hablara de los recursos que pueden presentar los superficiarios de los predios donde pasaría el mineroducto, cuyo trazado teóricamente no ha sido presentado aún en la Dinama. Parece como si estuvieran cocinando todo en la órbita del Ministerio de Industria y luego lo llevaran a la Dinama para su aval, otorgándole un rol secundario", advirtió el diputado.
Las críticas llueven también desde los impulsores del plebiscito para establecer en la Constitución la prohibición de la minería metalífera a cielo abierto. Uno de ellos, Raúl Viñas, dijo a El País que el artículo 25 de la ley de Minería de Gran Porte establece que los contratos como el que el gobierno quiere suscribir con Aratirí no pueden firmarse si no están disponibles las autorizaciones ambientales. Y el artículo 27 determina que tampoco pueden firmarse si el interesado no ha constituido una garantía equivalente al 5% del valor de la inversión que pretende realizar (en este caso US$ 150 millones). Para Viñas, Aratirí busca asegurarse la firma del contrato para salir a buscar respaldo financiero y presentar la garantía. "Lo hacen para poder salir a buscar plata porque no tienen un mango", aseguró. Viñas cree que el gobierno arriesga actuar ilegalmente.
