Abdala, que hará el planteo el martes en Comisión Permanente, asegura que la cartera incurrió en "omisión" porque, tras la aplicación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, se comprometió a dar las cifras de manera semestral y no cumplió.

"En el mes de julio se hicieron públicas las cifras correspondientes al semestre diciembre 2012-mayo 2013 y desde ese entonces no dieron más datos. El plazo venció hace tiempo", afirmó a Abdala a El País.

El legislador reconoce que tiene una visión "crítica" del manejo que ha hecho el MPS, y particularmente el subsecretario Leonel Briozzo con el tema y que por eso apurará el planteo.

"Han retrasado mucho la información y por lo tanto no hay transparencia. Se suponía que una de las virtudes, que defendían quienes estaban a favor de la legalización, era la claridad y transparencia. Sin embargo, me da la sensación que esto de dar la información en cuentagotas no colabora. Yo estuve repasando comentarios y hay muchas críticas, por ejemplo, de la representante de los usuarios en la Junasa y de Lilian Abracinskas de que no confían o no accedieron a la información del MSP", comentó.

Si bien dijo que no quería especular, Abdala estima que los datos "no le están dando al Ministerio" y que por eso se da "este misterio".

Según Abdala, hay estimaciones que hablan de 5.000 abortos durante el 2013.

"Yo creo que esa es un cifra muy baja que desmiente la estimación histórica de 33.000 abortos por año. En caso de confirmarse me parece que es una cifra lo suficientemente baja como para sospechar que la práctica clandestina todavía se da abiertamente", afirmó.

Según los datos disponibles de diciembre de 2012 a mayo de 2013, se hicieron 2.550 abortos. La mayoría, el 60%, lo hace en instituciones privadas. Un 72% son mujeres que tienen 20 años o más de edad; un 15% es menor a 19 años.

El 63% de los casos de interrupción del embarazo se concentra en Montevideo y solo entre un 6% y un 10% de las mujeres que consultan para abortar desiste en su idea luego de los cinco días de reflexión previstos por la normativa.

En ese entonces, las autoridades sanitarias admitieron que durante los primeros meses de implementación de la nueva ley hubo un subregistro en los datos.

El primer mes, diciembre, solo el 52% de las instituciones reportó información, el segundo trepó hasta un 75% y ahora se está en un 98%.

Tras la Feria Judicial Mayor que paralizó la actividad en los juzgados desde el 24 de diciembre, mañana lunes 3 volverá a trabajar en forma normal el Poder Judicial con el tradicional acto protocolar de apertura de los tribunales que se realizará en la Suprema Corte de Justicia.

Junto con los miles de expedientes que desde mañana volverán a tramitarse, se encuentra el del caso Pluna, que ha generado la peor crisis política que ha tenido que afrontar el gobierno de José Mujica.

Ya instalado como uno de los principales temas que la oposición utilizará durante la campaña electoral para cuestionar al oficialismo, la actuación judicial en relación a Pluna está lejos de terminar.

Es que aún están pendientes de resolución los pedidos de procesamiento por el delito de abuso de funciones del exministro de Economía Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Calloia, acusados por las gestiones que realizaron para que la empresa española Cosmo (que ofertó US$ 137 millones por los siete aviones Bombardier de Pluna pero luego desistió del negocio) pudiera participar del remate de octubre de 2012.

Lorenzo (quien renunció a su cargo el pasado 21 de diciembre, rato antes de que el fiscal Juan Gómez pidiera su procesamiento sin prisión) y Calloia dilataron el pronunciamiento de la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos al presentar recursos de inconstitucionalidad contra la figura imputada por el Ministerio Público.

Los recursos de las defensas deberán ser resueltos por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que, en principio, prevé tratar el tema con celeridad tomando en cuenta que tres de sus cinco ministros (Jorge Ruibal Pino, Jorge Chediak y Jorge Larrieux) se pronunciaron en 2010 en otro caso y sostuvieron que el delito de abuso de funciones no viola la Constitución.

Además, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, opinó que la figura delictiva prevista en el artículo 162 del Código Penal es constitucional. Ese dictamen de Díaz fue emitido a fines de 2013 en el marco de un recurso similar a los promovidos por Lorenzo y Calloia presentado por el intendente de Colonia, Walter Zimmer, y el exdirector de Hacienda de la comuna, José Aunchain, cuyos procesamientos se pidieron en ese departamento por presuntas irregularidades cometidas en el empadronamiento de vehículos.

Así las cosas, todo parece indicar que la Corporación desestimará los recursos de Lorenzo y Calloia, lo que habilitará a la jueza de los Santos a pronunciarse sobre los pedidos de enjuiciamiento.

Como los implicados pueden pedir pruebas en su defensa, eso puede dilatar aún más la resolución. Y en tal caso aumentaría la posibilidad de que la resolución tenga lugar muy cerca de las elecciones internas previstas para el 1° de junio, lo que acentuará la presencia del tema como uno de los principales tópicos de la campaña.

Pero si la SCJ acoge los argumentos de las defensas (a cargo de Amadeo Ottati y Mario Spangenberg en el caso de Lorenzo, y Gonzalo Fernández y Renato Echevarría en el de Calloia) la causa se cerrará y la acusación contra ambos quedará sin efecto.

Para el fiscal Lorenzo, "abusando del poder funcional que le confiere su posición institucional, arbitrariamente operó como garante verbal de una aerolínea privada extranjera (...)". Y Calloia "aceptando esta situación irregular, instruyó al personal subordinado a efectos de conceder indebidamente el cuestionado aval (...)".

El aval de US$ 13,6 millones otorgado a Cosmo, que causó la imputación contra Lorenzo y Calloia, generó en las últimas horas un nuevo elemento ya que el empresario argentino Juan Carlos López Mena (dueño de Buquebus y BQB), quien había asumido su pago en ocho cuotas semestrales, dejará de cubrirlo ya que entiende que el acuerdo que firmó en marzo de 2013 con el Banco República cayó debido a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de liquidación de Pluna.

Los aviones.

Por otra parte, a nivel judicial también deberá resolverse el destino de los siete aviones Bombardier de Pluna, que en enero ingresaron al concurso judicial desde el fideicomiso creado por ley y que originalmente los gestionó.

La jueza de concursos Teresita Rodríguez Mascardi será quien decida sobre los aviones. La magistrada espera recibir en pocas semanas un informe de la sindicatura, que está a cargo de la Asociación Uruguaya de Peritos. La idea de los síndicos es realizar una venta directa o una licitación internacional para vender los aviones y así obtener fondos para saldar las deudas con los acreedores.

Jorge Larrieux presidirá la Corte

El ministro Jorge Larrieux asumirá mañana a la hora 10:00 la presidencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) reemplazando en el cargo a su colega de sala Jorge Ruibal Pino, quien ejerció la titularidad del máximo órgano del Poder Judicial durante 2013.

Larrieux, de 67 años, ya ocupó la presidencia de la Corporación en 2009. En los hechos, el titular de la SCJ no tiene más potestades que los restantes otros cuatro ministros, pero sí asume tareas protocolares.

Egresado como doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República en 1978, Larrieux ingresó al Poder Judicial en 1980 como juez de paz de Colonia. Ese mismo año fue trasladado y pasó a ejercer en Florida.

Posteriormente, en 1981, fue nombrado juez en Maldonado y en 1982 pasó a Salto. En 1986 fue designado magistrado en Durazno y un año más tarde ascendió a juez suplente de Montevideo, y en esa condición fue que pasó a desempeñarse como secretario letrado de la SCJ, cargo que ocupó hasta 1992, cuando fue ascendido a ministro del Tribunal de Apelaciones Civil de 4° Turno.

Tras 16 años de ejercer en ese cargo, el 25 de abril de 2008 fue designado por la Asamblea General para integrar la SCJ, en reemplazo de Sara Bossio. Ese mismo año su voto fue decisivo para que la Corporación cambiara la jurisprudencia y considerara constitucional el IRPF aplicado a los jubilados.

MÁS CASOS QUE SEREACTIVAN

RESOLUCIÓN DEL JUEZ EN EL CASO CAYMA

El juez especializado en Crimen Organizado Néstor Valetti deberá resolver sobre los pedidos de procesamiento de una decena de policías en el marco de la causa que investiga diversas situaciones de corrupción en el exCentro de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma) de la Jefatura de Policía de Montevideo.

INDAGARÁN A TRES EXGERENTES DE UTE

La jueza especializada en Crimen Organizado Adriana de los Santos citará a declarar en las próximas semanas a tres exgerentes de UTE que están siendo indagados por presuntos hechos de corrupción en licitaciones del ente. Los exjerarcas fueron sumariados y separados del cargo tras una investigación administrativa de UTE, que presentó la denuncia penal.

Se decide condenaa los enfermeros

La jueza penal Dolores Sánchez deberá decidir si condena a los dos enfermeros procesados en 2012 acusados de matar a 15 pacientes. La Fiscalía pidió penas de 14 y 16 años. Si decide no hacer lugar a las condenas, la jueza deberá liberarlos.

Citarán a hinchas de peñarol

El juez penal Roberto Timbal continuará la indagatoria respecto a los destrozos ocurridos en el Centro de Montevideo a principios de junio de 2013, durante los festejos de la hinchada de Peñarol por la obtención del último Campeonato Uruguayo. En total, serán indagados 89 parciales que la Policía ya tiene identificados.

Ancap está a la espera de la venta de los siete aviones Bombardier de la exPluna para cobrar algo de la deuda de US$ 28 millones que la aerolínea tiene con el organismo estatal por los vales de combustible que otorgó y que la quebrada aerolínea pagó con cheques sin fondo.

Sin embargo, el ente es consciente que el dinero de la venta no va a alcanzar para todos los acreedores y por eso ya incluyó ese monto como pérdida en el balance de la empresa del año pasado.

"Va a pasar que el dinero que recoja el concurso de los aviones no alcance para todo el mundo. Nosotros el monto de la deuda de Pluna ya lo incluimos como una pérdida en el balance de Ancap del año pasado. Por supuesto que si recuperáramos algo de ese dinero sería muy conveniente para nosotros", aseguró a El País el presidente de Ancap, José Coya.

Ancap es el principal acreedor de la exPluna en cuanto al monto de la deuda pero no es de los primeros en la lista de cobro según la ley de concurso, antes están los exfuncionarios de la aerolínea.

"Somos los principales acreedores lo que pasa que dentro del proceso de concurso normalmente hay acreedores que tienen prioridad, nosotros somos un acreedor común a pesar de ser el acreedor principal desde el punto de vista del monto de la deuda. Cuando la ley prioriza a los acreedores que tienen que cobrar prioriza primero a los trabajadores y a aquellos que tienen una garantía real que los ampara", explicó el presidente de Ancap.

Ancap no evalúa presentar demanda civil contra el expresidente del directorio de Pluna SA y CEO de Leadgate, Matías Campiani, y sus socios en Leadgate, Sebastián Hirsch y Árturo Álvarez Demalde, quienes fueron procesados por estafa, en parte por la denuncia penal presentada por Ancap.

"No estamos pensando en hacer una demanda civil contra los procesados por estafa, estamos siguiendo la misma línea del síndico que es la de tratar de recuperar algo de la pérdida a través de la participación nuestra en esa lista de acreedores en el concurso", agregó Coya.

Justicia.

Ancap no prevé realizar nuevas acciones legales por el caso Pluna. "El juez tomó muchos de los fundamentos de nuestra denuncia penal en el caso de Campiani y Hirsch por lo cual los procesamientos tienen que ver mucho con eso y nuestra denuncia estuvo vinculada a estas personas y los cheques sin fondo. La denuncia tuvo sus resultados en esos términos eso para nosotros de lo que es judicial quedó terminado ahí", informó el presidente de Ancap.

Coya indicó que el organismo contribuyó con la Justicia aportando la investigación interna que hizo Ancap sobre funcionarios involucrados. "Mucho antes que las cosas se resolvieran en la Justicia Ancap ya había resuelto diversas sanciones a funcionarios que tuvieron responsabilidad en el tema y luego la jueza solicitó todo el proceso interno de Ancap y le fue remitida toda la información a la Justicia para que ella la manejara", detalló el titular de Ancap.

Hubo tres o cuatro funcionarios sancionados, dijo, "que tenían que ver con la línea de trabajo de cuentas corrientes en términos diferentes según las responsabilidades de cada uno. No hubo prueba que los funcionarios pudieran haber tenido algún tipo de dolo en la actividad, que hubieran aceptado cheques sin fondo. Pero hubo omisiones y negligencias que se catalogaron así y se catalogaron de acuerdo al reglamento interno de Ancap".

"Vamos a ampliar la denuncia para que se investigue hasta el fondo el papel que les cupo a todos los participantes de esta maniobra, sean funcionarios públicos o empresarios privados, del país o del exterior", dijo Abreu en una conferencia de prensa que brindó ayer en el Palacio Legislativo.

El precandidato nacionalista pretende que se indague la actuación de López Mena, dueño de la naviera Buquebus y la naviera BQB, en relación al trámite del aval de US$ 13,6 millones que el Banco República otorgó a la empresa española Cosmo, que ofertó US$ 137 millones por los siete aviones Bombardier de la exPluna pero que luego desistió del negocio.

López Mena contactó al gobierno con Cosmo y posteriormente llegó a un acuerdo con el Banco República para asumir él el pago del aval en ocho cuotas semestrales, pero ahora decidió que dejará cumplir con ese compromiso ya que entiende que el mismo cayó en virtud del fallo de la Suprema Corte de Justicia que en noviembre declaró la inconstitucionalidad de los tres primeros artículos de la ley de liquidación de Pluna.

"¿Quién está atrás de todo esto? ¿Quién es el empresario que ha traído al señor Calvo Sánchez (emisario de la empresa española Cosmo) y qué responsabilidad le cabe en su accionar personal", se preguntó Abreu sobre López Mena.

El empresario declaró como testigo en diciembre de 2012 ante la jueza especializada en crimen organizado Adriana de los Santos y el fiscal Juan Gómez. Un funcionario del Banco República aseguró en su momento que López Mena fue quien gestionó y hasta dictó el contenido del aval a Cosmo.

Por las irregularidades en el otorgamiento del aval a la empresa española, que se concedió sin cumplir los requisitos formales necesarios, el fiscal Gómez pidió en diciembre los procesamientos sin prisión del exministro de Economía, Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco República, Fernando Calloia. El caso está pendiente de resolución debido a que las defensas de ambos presentaron recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el delito de abuso de funciones.

Abreu también dijo ayer que prevé "exigir" que según lo que prevén los artículos 24 y 25 de la Constitución, el Estado inicie acciones para que los funcionarios públicos respondan ante el perjuicio causado.

El temprano comienzo de la campaña electoral, en plena temporada turística, ha permitido mostrar por dónde vendrán los discursos de los aspirantes al sillón presidencial. Por su impacto en la interna del gobierno -están pendientes los pedidos de procesamientos del exministro de Economía Fernando Lorenzo, y del presidente del Banco de la República, Fernando Calloia-, el caso Pluna está primero en la lista. Por lo inminente de la firma del contrato con el gobierno -está previsto para febrero-, Aratirí también se metió en la campaña. Y los otros dos temas son los que todas las encuestas destacan como los principales problemas de los uruguayos: la inseguridad y la educación.

Los precandidatos blancos Jorge Larrañaga (Futuro Nacional), Luis Lacalle Pou (Todos) y Sergio Abreu (Dignidad Nacional), el colorado Pedro Bordaberry (Vamos Uruguay) y el frenteamplista Tabaré Vázquez, son los que hasta ahora han lanzado sus campaña electorales en la última semana.

Vázquez anunció el sábado 25 en San Luis, Canelones, que su propósito es desarmar la táctica de sus adversarios blancos y colorados, y que por eso hablará sobre la gestión de los gobiernos del Frente Amplio en educación y seguridad pública.

Molestó bastante a la oposición cuando quiso echar paños fríos a los malos resultados de Uruguay, reflejados tanto en los datos oficiales de repetición como en las pruebas Pisa que mide al país a nivel internacional. "Es extremista lo que dicen sobre la educación. Es un foco, pero no da para decir que está todo incendiado", dijo Vázquez, y se comprometió a que si llegara a la Presidencia subirá el presupuesto para educación del actual 4,5% del PIB al 6%, como piden los sindicatos docentes.

Larrañaga le respondió alarmado por esas afirmaciones, y Lacalle Pou consideró que la gestión del gobierno del Frente Amplio ha sido tan mala que "vamos rumbo a un quinquenio casi perdido".

Mientras, Bordaberry continúa reclamando al gobierno una serie de leyes sobre la educación, en especial la que fija un mínimo de 200 días de clases al año.

En su próximo acto, Vázquez hará la misma jugada y pondrá sobre la mesa la situación de seguridad pública, según lo anticipó. Sin embargo, dijo que los pilares de un eventual gobierno frenteamplista no serán ni la seguridad ni la educación, sino otros: derechos humanos, el crecimiento con distribución, el cuidado medioambiental y la descentralización.

En cuanto a la inseguridad pública, Vázquez dijo: "Podemos tener una mejor seguridad", con la intención de quitarle revoluciones sobre un tema en el que los líderes de la oposición han centrado sus críticas a los dos gobiernos del Frente Amplio.

Abreu sostuvo en el acto de inicio de su campaña, el jueves 23, que "la gente honesta vive con miedo" y que hay que ser "más eficiente" en seguridad.

Lacalle Pou, en tanto, va más allá. Promueve, al igual que Abreu y Bordaberry, la baja de la edad de imputabilidad de los menores de 18 a 16 años, algo en lo que no es acompañado por Larrañaga, cuya principal propuesta es combatir la inseguridad con una Guardia Nacional militarizada.

Bordaberry se manifestó, en su lanzamiento de campaña en Piriápolis, el sábado 25, de forma contundente: "La gente está harta y tiene razón de estarlo. Harta de que la roben, harta de esa inseguridad que crece semana a semana, harta que le expliquen por qué suceden las cosas y no que se la proteja".

Los vaivenes y noticias en torno al ocaso y cierre de Pluna han sido otro de los temas escogidos para esta campaña.

Vázquez ha tenido un camino sinuoso sobre este tema. En 2012 reconoció públicamente que se equivocó al elegir a Matías Campiani para administrar la aerolínea. Pero ahora, ya en campaña, indicó que si hay consecuencias negativas, ellas tienen que ser para "todas" las fuerzas políticas que actuaron desde la asociación con Varig en 1995. "Todos hemos cometido errores", precisó.

En el caso Pluna la oposición está abroquelada. Todos sus precandidatos hablan de la pérdida de entre US$ 300 millones y US$ 400 millones por el negocio con Leadgate (Campiani). Larrañaga habla de "estafa" y "paradigma de la mala gestión", en tanto Abreu afirma que el caso "confirma el desgobierno". Lacalle Pou ha afirmado que en torno a Pluna "hay responsabilidad política" de actuales y pasados gobernantes.

Minería o nuevos impuestos

El proyecto de minería a cielo abierto es otro de los temas de confrontación entre los precandidatos en la largada de la campaña electoral.

Tabaré Vázquez es partidario de utilizar los recursos que provengan de la minería . "Si no queremos seguir buscando por impuestos la financiación para la obra social que hay que hacer, tenemos que pensar en cómo aprovechar los recursos naturales", ha declarado. Luis Lacalle Pou es contrario a las explotaciones mineras como la de Aratirí, y Jorge Larrañaga advirtió al gobierno que no se apure para firmar con la minera.

Pedro Bordaberry se opone al proyecto de Aratirí por los beneficios tributarios a las empresas, el plan de cierre de los pozos, el ordenamiento territorial y la falta de transparencia.