Junto a dirigentes del Espacio 40 del diputado Javier García, Lacalle Pou dijo a los vecinos que está trabajando en un plan denominado "Asentamiento cero". Según Lacalle Pou "hay 170.000 personas que viven en asentamientos irregulares después de nueve años de bienestar económico".

Además, indicó que hay que elaborar planes desde el gobierno que den facilidades a las personas que quieren alquilar y tienen una situación complicada por la falta de garantías para presentar.

Lacalle Pou realizó ayer una recorrida que comenzó a media mañana en Villa Prosperidad para continuar luego por los barrios Malvín Norte, Barrio Piria, Cerrito de la Victoria, Marconi, Cerro, finalizando a la hora 19 en Camino Cibils y Luis Batlle Berres (Paso de la Arena).

Habló sobre sus iniciativas para lograr la "megainclusión" para que el Estado llegue a las "zonas rojas" o "pozos negros" para combatir los asentamientos con el objetivo de llegar al "asentamiento cero".

Hablando más sobre temas generales, Lacalle Pou dijo sobre el tono de la campaña que piensa llevar adelante que "no hay que descalificar al adversario", porque "quien no es capaz de unir no será capaz de gobernar para todos".

También subrayó la necesidad de "controlar la gestión de los gobernantes", y destacó la "enorme fortaleza de las nuevas generaciones".

También se refirió a la posibilidad de revertir el proceso inmigratorio campo-ciudad poniendo como ejemplo la transformación productiva que vive el campo uruguayo.

El nuevo partido político del acuerdo entre blancos y colorados, llamado Concertación, fue oficialmente lanzado a las 16 horas en una conferencia de prensa conjunta en el Palacio Legislativo.

Participaron el presidente del directorio nacionalista Luis Alberto Heber, el secretario general colorado Max Sapolinski, los negociadores del acuerdo senadores Gustavo Penadés y Ope Pasquet, dirigentes nacionales de los dos partidos y legisladores de Montevideo, adelantaron a El País fuentes políticas.

El acuerdo se está gestando desde mayo de 2012. Ahora saldrán a juntar las 1.600 firmas necesarias para presentarse ante la Corte Electoral, sumando la Carta Orgánica y la declaración de principios. 

Es un tema cultural y la gente no sabe que puede estudiar con algo mejor, porque trabajar con los originales da un valor agregado", dijo a El País el vicepresidente de la Cámara del Libro, Jorge Saracini.

Saracini aclaró que esa cifra no surge de un estudio formal, sino que es una estimación en base a la población universitaria y la cantidad de libros destinados a la educación terciaria que se venden. El vicepresidente de la Cámara del Libro comentó que el responsable de una editorial internacional le dijo que Uruguay "es el país de América Latina donde se fotocopian más libros de estudio per cápita".

El martes, tras una denuncia presentada por la Fundación de Cultura Universitaria, el juez Martín Gesto procesó sin prisión a 14 dueños de locales de fotocopiado por vender reproducciones completas de libros jurídicos editados por esa institución sin autorización alguna.

Como ejemplo de la notoria baja en la venta de libros de estudio, Saracini dijo que en su distribuidora, que inicialmente vendía textos universitarios, tuvo que comenzar a ofrecer libros infantiles y hasta comics. "Es la manera que encontramos para sobrevivir", señaló.

El diputado José Carlos Cardoso (Más País), presentó un proyecto de ley para que los centros de fotocopiado puedan reproducir los textos si se registran en el Consejo de Derecho de Autor y paguen un canon.

En la Secretaría de la Presidencia, Abreu designaría al ex ministro de Salud Pública, Carlos Delpiazzo. El precandidato dijo a El País que todos los aspirantes a la presidencia deberían adelantar cómo conformarían su gabinete.

Otros técnicos del equipo son Eduardo Álvarez Mazza, expresidente de la Administración Nacional de Puertos; Washington Durán, ex director de Industria; y, en el área agropecuaria, Juan Peyrou, Fabio Montossi y Horacio Saravia.

Abreu consideró que en el gabinete debe haber "conocimiento, autoridad moral, firmeza y conducción clara".

Durante la campaña electoral enfatizará en la importancia de la estabilidad macroeconómica y de reducir el déficit fiscal y la deuda a la que considera elevada, aunque haya sido reperfilada. "En época de vacas gordas no hicimos los deberes", advirtió.

En cuanto a la educación, Abreu centrará su propuesta en modernizar los métodos pedagógicos, abatir la deserción, ajustar la formación en Secundaria a los requerimientos del mercado laboral y reducir la incidencia sindical en los organismos de conducción de la enseñanza pública.

Para combatir la inseguridad Abreu impulsará que se cree un banco de datos de ADN de los delincuentes, que las cárceles dependan directamente del Poder Ejecutivo y que se aplique una política de "tolerancia cero" con el delito. También considera fundamental mejorar la dotación de radares y que la policía de Montevideo cuente con helicópteros.

El senador blanco entiende que en los últimos años el Estado ha tenido "una hinchazón y ninguna reforma" por lo que impulsará un mayor control de las empresas públicas que funcionan en régimen de derecho privado, sin control del Tribunal de Cuentas porque "existe un gran oscurantismo". Otro elemento central de sus propuestas es terminar por ley con los monopolios públicos "porque son restricciones a la libertad" económica.

Durante la campaña también enfatizará la necesidad de que haya "garantías ambientales" en los grandes proyectos productivos por lo que propondrá crear un Ministerio de Ambiente con una adecuada plantilla técnica.

En relación a la inserción internacional, Abreu considera fundamental que, ante los múltiples problemas del Mercosur, el país no quede "aislado" y que busque acuerdos de libre comercio como el que logró con México para mejorar el acceso a los mercados externos.

"Con el Mercosur destrozado, hay que evitar quedar en un corralito", opinó el senador.

Abreu plantea que el bloque adopte un Protocolo Ambiental para la Cuenca del Plata.

Blancos y colorados adelantaron que votarán en contra. El colorado Walter Verri dijo que ayer en comisión que el proyecto es "inoportuno", que "regula y reglamenta excesivamente el funcionamiento de los medios de comunicación" y que algunos de sus artículos requieren mayoría especial para su aprobación.

Por su parte, la diputada blanca Verónica Alonso recordó que el presidente José Mujica dijo que "la mejor ley de medios sigue siendo la que no existe", y advirtió que el proyecto es una "amenaza a la libertad de expresión" y un facilitador de autocensura. "Es una herramienta mucho más eficiente para controlar a los medios y limitar la libertad de expresión que para alcanzar los fines que dice perseguir", afirmó Alonso, y alertó de "varias inconstitucionales" que contienen el texto oficial.

El diputado blanco Álvaro Delgado, en tanto, dijo que si la Cámara lo aprueba en noviembre, el Senado lo tratará "inserto en la campaña electoral" de 2014. "Más allá de que algún legislador diga que trabajamos hasta último momento (...), también es verdad que el tiempo de campaña electoral no es el momento de mayor serenidad como para tratar un proyecto de esta magnitud, con más de 190 artículos", señaló Delgado.

"Este es un proyecto hiperreglamentarista: define hasta las horas de las tandas, la cantidad de música a pasar, la cantidad de estrenos de ficción, el porcentaje de producción independiente. Creo que es limitativo, es peligroso en muchos aspectos. Su redacción es muy discrecional; da mucha competencia a un organismo que va a funcionar como una especie de `Gran Hermano`, que tiene tantas competencias como letras del abecedario: las competencias del Consejo de Comunicación Audiovisual están establecidas en literales que van desde la a) a la z)", afirmó el diputado de Aire Fresco.

Delgado también señaló que el proyecto presenta inconstitucionalidades en al menos respecto a siete artículos de la Constitución.

El precandidato y diputado del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, dijo a El País que en esta adjudicación "pasó igual que con Aratirí, con el puente sobre la Laguna Garzón y así lo dijimos. Y ahora también lo decimos: este gobierno es permeable a los lobbies. Cuando habla de lo político por encima de lo jurídico lo que quiere decir es eso, lo político y los lobbies por encima de lo jurídico".

El senador colorado José Amorín (Batllistas de Ley) indicó que "había un solo canal en disputa porque los demás ya se sabía a quién serían adjudicados". El presidente José Mujica "dijo que no haría una adjudicación por ideología y al final hizo eso", recordó.

"La impresión que queda es que lo hizo por motivos políticos. Otra vez lo político por encima de lo jurídico", subrayó Amorín.

"Mujica habla de más. Ha habido todo tipo de presiones como es notorio y el presidente optó por la que era más afín políticamente", afirmó el legislador.

A su vez, el precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, sostuvo a El País que "el gobierno construyó su propia trampa generando ruidos, contradicciones, idas y vueltas. No lo digo desde el punto de vista técnico. Esto es un papelón".

"El propio presidente anunció en su momento un fallo, se enredó él mismo y generó esta situación. Fallara lo que fallara esto mete al Estado en una suerte de demandas", adelantó. Para Mieres, esta situación "termina siendo tan poco transparente como se criticaba antes a los otros gobiernos".

Los precandidatos Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry no hicieron comentarios.

En la red social Twitter, en cambio, el tema de la televisión digital fue de los más comentados ayer. Hubo críticas duras hacia la desprolijidad con la que se manejó el gobierno durante el proceso de adjudicación y comentarios sarcásticos para todos los gustos. La mayoría de ellos apelando al juego de palabras obvio entre "giro" y la decisión que adoptó Mujica.